Amparo Navarro Faure, Candidata a Rectora de la Universidad de Alicante
El pasado 31 de octubre presenté, esta vez de forma telemática, mi candidatura a rectora de la UA, cuyas elecciones se celebrarán a finales de noviembre. Es la tercera vez que lo hago, ya que el anterior proceso electoral fue interrumpido por la pandemia de 2020 y hubo que iniciarlo dos veces. En aquel entonces presentamos la instancia correspondiente en el registro general y celebramos las elecciones de forma presencial. Cuatro años después, la solicitud la he presentado desde mi ordenador y la votación será electrónica. Con ello, quiero ejemplificar la velocidad con la que se producen los cambios en una sociedad en la que, hace cuatro años, no se usaba masivamente el Chat GPT y que, inmersa en plena pandemia, desconocía la vacuna del COVID que ahora se nos administra con regularidad. Esa velocidad provoca la continua necesidad de adaptarse y adecuarse a realidades distintas; y con una mayor celeridad, si cabe, en una Institución como la Universidad, cuyos destinatarios son una población joven, mayoritariamente de entre 18 y 25 años, que acude a la Universidad para formarse en una profesión que les procure un futuro laboral y personal.
La UA cumplirá en el siguiente mandato 50 años. Se enfrenta al relevo de su tercera generación de profesores y PTGAS, ha tenido un crecimiento exponencial en titulaciones, recursos y funciones y, sin embargo, necesita una transformación importante si quiere seguir teniendo un liderazgo basado en su calidad docente y en su excelencia investigadora. Pero para eso necesitamos hacer una reflexión acerca de las Universidades que queremos tener en nuestro país. Y esto viene a colación del interesante artículo que se publicó hace unos días, en el que se advertía que ya hay 46 universidades privadas frente a 50 públicas. Es un dato importante que puede cambiar la tradición universitaria española, siempre alineada con la europea continental, en la que se ha primado la Universidad Pública, que son las mayoritarias, complementadas con algunas universidades privadas de calidad y tradición contrastada. Y esa tradición europea y española es importante recordarla, porque en otros países como los anglosajones, ha sido la contraria: universidades privadas buenas pero muy caras, conviviendo con universidades públicas residuales.
He de manifestar claramente que mi vocación siempre ha sido estudiar y trabajar en la universidad pública, por razones que superan con creces los posibles inconvenientes a los que me referiré a continuación y que inciden también en la gestión que se lleva a cabo en las universidades.
La Universidad de Alicante es una universidad pública, lo que significa básicamente dos cosas: una, que es una Administración que presta un servicio público, por lo que los estudiantes no son clientes, sino ciudadanos recibiendo un servicio de educación superior; y dos, que su objetivo no es obtener un beneficio empresarial sino la calidad del servicio que presta. Por esa misma razón, la mayoría de las personas que dispensan ese servicio son funcionarios públicos, que han obtenido sus puestos de trabajo en concursos y oposiciones en las que se ha valorado su mérito y capacidad. Las ventajas de ese carácter público son, por un lado, que democratiza en nuestro país el acceso a la formación superior y, por lo tanto, a un empleo de mayor cualificación, al mismo tiempo que favorece una sociedad más informada y culta; y, por otro lado, que forma en la figura de sus docentes e investigadores un tipo de funcionarios públicos de altísimo nivel, que investigan y transfieren a la sociedad un importantísimo capital que redunda en el progreso social y económico de un país, y cuyas opiniones científicas deberían ser tenidas en cuenta en muchas decisiones políticas.
Este carácter público viene a colación, porque en la gestión de las Universidades es fundamental la rendición de cuentas y el control interno y externo que se lleva a cabo del uso de los recursos públicos, ya que la mayor parte de los ingresos que financian la investigación se reciben por la vía de las subvenciones y, como todo gasto público, debe responder a los criterios de legalidad, eficiencia y eficacia. Asimismo, los controles de calidad son exhaustivos en la Universidad pública, no solo respecto al altísimo nivel del profesorado sino de los títulos que se imparten, sometidos a acreditaciones y reacreditaciones cada seis años. También son ingentes las labores de transferencia, extensión universitaria, culturales, de internacionalización y solidarias, a las cuales nos obliga la ley como Universidades públicas que somos. Soy consciente que en esta labor hay que seguir abundando en la simplificación de los procesos, porque lo público no es incompatible, antes, al contrario, con la eficiencia; y, por lo tanto, debemos seguir reivindicando a los gobiernos que nos financian y a las agencias que nos controlan, una mayor simplificación que nos permita competir con Universidades privadas, cuya contabilidad y control es completamente distinto.
Durante los últimos cuatro años he sido la Rectora de Universidad de Alicante. Ha sido el mayor honor y el cargo de mayor responsabilidad de mi trayectoria profesional. Asumí la gestión, defensa y representación de una Universidad moderna, trasparente, de calidad, de prestigio investigador y fuertemente vinculada a nuestro territorio y a nuestra sociedad. Conocía todas sus fortalezas porque he desarrollado en ella toda mi vida académica y profesional y la he visto nacer, crecer y desarrollarse. Pero también sabía, tanto hace cuatro años como ahora, que mantener ese prestigio y esa calidad exige afrontar nuevos retos y defenderla de nuevas amenazas.
Hemos avanzado mucho estos cuatro años, reduciendo la tasa de profesores asociados, incrementando la estabilización y promoción del profesorado e incorporando y reteniendo talento; hemos estabilizado y promocionado al PTGAS con una tasa de interinidad por debajo de la exigida por la normativa europea; hemos avanzado en la empleabilidad del estudiantado, asegurando las prácticas externas cotizadas a la seguridad social; y hemos mantenido un trato constante y cercano con todos los colectivos para atender sus necesidades y preocupaciones. Asimismo, somos conscientes de que todos estos retos: relevo generacional, simplificación de procedimientos, reivindicación de financiación adecuada, renovación de equipamientos e infraestructuras, internacionalización, empleabilidad, formación continua, digitalización…, son cuestiones que deben seguir siendo prioritarias y en las que se debe seguir trabajando.
La nueva generación de jóvenes exige unas nuevas formas de enseñar y de aprender, lo cual va a requerir una revolución de nuestras enseñanzas, adecuándolas a las necesidades profesionales actuales. Nuestra Universidad debe seguir siendo el mejor lugar dónde aprender, dónde enseñar, dónde investigar y dónde trabajar. Con la misma ilusión de hace cuatro años, me propongo, conjuntamente con toda la comunidad universitaria y sobre la base de toda la experiencia acumulada, afrontar la consolidación de lo logrado y acometer nuevos proyectos. El proceso electoral que concluirá en noviembre es también un acto académico en el que debe participar toda la comunidad universitaria, pero que puede estar abierto a sugerencias y propuestas de toda la sociedad, de tal manera que entre todos construyamos el futuro de la UA.
